Cada legislador provincial cuesta $46 millones al año

Publicado el 01-09-2020

Por el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE)

De acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de Fundación Libertad, las legislaturas provinciales tienen un presupuesto total de $55.203 millones de pesos para el año 2020, lo que equivale en promedio a $46 millones de pesos por legislador.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, agravada por la pandemia de COVID-19, sale a la luz este trabajo del CISE en el cual se hace alusión al abultado gasto legislativo que tiene cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jurisdicción que posee el mayor gasto por legislador es Tucumán, con $134,6 millones anuales, le siguen Chaco con $102,9 millones y Ciudad de Buenos Aires con $101,2. En el otro extremo, es decir las que registran menor costo por legislador, se encuentran Santiago del Estero y San Luis, con erogaciones de $4,5 y 8,3 millones anuales respectivamente.

Además, se destaca en el trabajo que la mayor parte del gasto se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios. Para las provincias que se encontraba el dato disponible, se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 81%.

En las provincias de Misiones y de Santa Fe este porcentaje es del 64% y 65% respectivamente, siendo las dos de menor ratio para las cuales se dispone de información. En el polo opuesto, se encuentran Río Negro (95%), Santa Cruz (93%) y Mendoza (90%), donde 9 de cada 10 pesos gastados en sus respectivas legislaturas corresponden a erogaciones de personal.

Adicionalmente, se remarca que en promedio las legislaturas provinciales poseen 24 trabajadores por legislador. La jurisdicción con la mayor cantidad de empleados por legislador es Chaco, cuya planta de personal del poder legislativo asciende 2.037 trabajadores, lo que significa que posee 64 por cada legislador. Más atrás aparecen Santa Cruz (38) y Tierra del Fuego (24). En el otro extremo, se encuentran Entre Ríos con 8 empleados por legislador, Mendoza y La Pampa, ambas con 14 per cápita.

El gasto realizado para mantener las legislaturas provinciales toma mayor relieve considerando otros gastos presupuestarios. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe destina al Poder Legislativo un monto de $5.478 millones, cifra 1,3 veces mayor al presupuestado para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 2,6 veces al del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O el caso de Neuquén, cuyo presupuesto legislativo asciende a $2.401, monto 2,8 veces mayor al proyectado para el Ministerio de Producción e Industria y 2,3 superior al del Ministerio de Energía y Recursos Naturales.

El gasto legislativo no sólo es elevado respecto a la comparación con otros gastos presupuestarios. Para dimensionar con mayor claridad los guarismos, el CISE los contrastó con los de las legislaturas españolas. Los mismos arrojaron que el gasto total de las legislaturas de las comunidades autónomas para el 2020 asciende 406,6 millones de euros, que llevados a pesos equivalen a 

unos $34.863 millones, valor que resulta considerablemente inferior a los $55.203 millones de la Argentina. En forma puntual, el costo en nuestro país resulta 1,6 veces más que el español. Además, si se considera la cotización al 31 de diciembre 2019, momento en el cual la mayoría de los presupuestos provinciales estaban recientemente aprobados, el presupuesto argentino duplica al de España.

El excesivo costo que las legislaturas provinciales tienen para todos los contribuyentes cobra mayor relevancia en la compleja e incierta coyuntura. En un contexto económico completamente adverso, repleto de restricciones (incluso impedimentos) para la actividad privada, donde se espera una caída del producto de más de 10 puntos, una inflación que a pesar de la contracción económica continúa siendo elevada, un deterioro total de las cuentas públicas y creciente nivel de pobreza, es que resulta incomprensible que la clase política –que se amplía a otros niveles de gobierno- permanezca ajena a esta realidad sin haber adoptado una contundente reducción de sus gastos. En muy pocos casos -tales como en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, La Rioja y Ciudad de Buenos Aires-, las legislaturas redujeron sus sueldos para crear fondos de apoyo económico para combatir la pandemia. Medidas insuficientes y que, en muchos casos, llegaron en respuestas a reclamos de la sociedad.

Una vez más, vale insistir en la necesidad imperiosa que la dirigencia política sea más responsable y austera en el uso de los limitados recursos públicos.