Una cuarentena ilegal, irresponsable e incierta

Publicado el 01-07-2020

Por Alejandro Bongiovanni

La cuarentena es, y siempre ha sido, una cuestión de costo/beneficio, de cuánto y para qué. En la primera conferencia de prensa del trío de dirigentes que decide las reglas nacionales en la pandemia el mensaje fue bastante razonable. Todavía no se había entrado en cuarentena y el mismo Alberto Fernández advirtió sobre los problemas económicos que podría acarrear el encierro generalizado. Por entonces la cuestión era balancear economía y salud. Pero pocos días después, acaso a partir de un informe oficial muy precario llamado “Plan de Respuesta coronavirus” del 19 de marzo (que simplemente trasladaba lo sucedido en China a escala argentina), el Gobierno decidió no sólo entrar a una cuarentena temprana e intensiva, sino también derogar totalmente la discusión sobre la relación costo/beneficio. Sólo se hablaría de los beneficios en materia sanitaria. La pregunta económica incontestada al periodista de Bloomberg fue corolario de esto. “Yo sé que usted viene de un medio especialista en esos temas, pero hoy prefiero no hablar de economía”, dijo el Presidente. Fin de la discusión.

Esta semana se volverá a extender una cuarentena que acaso termine siendo la más larga del mundo. Una cuarentena intensiva y extensiva cada vez menos aceptada por la sociedad. En estas líneas sintetizaré tres críticas que vengo sosteniendo desde las primeras semanas. En concreto, que se trata de una cuarentena ilegal, irresponsable e incierta.

¿Por qué ilegal?

Mucho antes de evaluar si la cuarentena es buena o si los beneficios sanitarios pagan los perjuicios económicos, acaso lo central y excluyente debería ser juzgar si el decreto vulnera la norma constitucional. Pero en este país al margen de la ley estos asuntos tienen un peso demasiado liviano, casi como si la Constitución fuese un formalismo del pasado que entorpece a la política.

En cualquier caso, recordemos que el decreto del presidente suspende libertades básicas de la Carta Magna, como la libertad de tránsito, la libertad de trabajar y ejercer industria lícita, de disponer de la propiedad, el derecho de reunión, etcétera.

¿Puede el presidente a través de un decreto suspender estas libertades fundamentales? La respuesta es no. Así lo dispone expresamente el artículo 28 de la Constitución Nacional.

Las decisiones que está tomando el Presidente requieren la intervención del Poder Legislativo. Mientras tanto, nuestro Congreso se encuentra en una zona de irritante pasividad. Ya no está en receso, pero tampoco parece estar en actividad, falto de vocación de oficiar de contralor de los decretos presidenciales. El Poder Judicial muestra un comportamiento similar, como si se prefiriese que las decisiones estén a cargo del Ejecutivo. La división de poderes está desbalanceada porque dos de los tres poderes parecen preferir delegar sus funciones en el presidente. Ceden poder a cambio de perder responsabilidad. Por supuesto, esta situación beneficia a Alberto Fernández, que puede manejar a la sociedad como un pastor arrea ovejas, sin más límites que los impuestos por las consecuencias de sus propios actos.

¿Por qué irresponsable?

El Gobierno tomó en sus manos un tema complejo, dinámico y multidimensional y lo comprimió hasta reducirlo a un solo número: cantidad de muertes por coronavirus. Entre los dedos, claro, se le escaparon miles de variables y no sólo económicas. ¿Cómo están afectando psicológicamente los más de 100 días de encierro a los niños y a las personas mayores que no ven a sus familias? ¿Qué efectos tiene el postergar visitas al médico de personas con cardiopatías? ¿Qué incidencia tiene el encierro en la violencia doméstica o las adicciones? ¿Cuánto daño se le propina a la educación? ¿Cómo transitan el duelo de quienes tienen parientes mayores que mueren en forzosa soledad? ¿Cómo afecta la falta de ejercicio y aire libre durante tanto tiempo? ¿Cuánto empeora esto los niveles de estrés y cómo afecta éste al sistema inmunológico?

Por supuesto, en esta carnicería de variables el Gobierno mató, en primer lugar, todas las dimensiones económicas. “Economía y salud”, como se dijo al principio, pasó a ser “economía o salud”, en un acto consciente de manipulación política no desprovisto de cierta perversidad: quien quiera hablar de economía -sea un macroeconomista profesional, un empresario o un trabajador que perdió el empleo- está del lado de la muerte.

El Gobierno nos pide que veamos lo contrafáctico: las muertes que no ocurrieron gracias a la cuarentena. Esto es de por sí muy vidrioso dado que, como hemos repetido hasta el cansancio, la cuarentena no es una política pública en sí, sino el tiempo para diseñar las políticas públicas. ¿Qué pasará con todo el contagio reprimido luego de que se suelte la cuarentena? Nadie sabe, nadie dice y, lo que es peor, nadie pregunta. Pero mientras el Gobierno pide que se aplauda lo que no sucedió por la cuarentena, oculta lo que sí sucedió: desplome de la actividad económica, trituración de puestos de trabajo, cierre masivo de persianas, silencio de máquinas que no volverán a operar. La angustia de miles de argentinos que ayer trabajaban y hoy deben gestionar una ayuda familiar para poder comer.

El no haber hecho un análisis costo/beneficio real fue un acto de irresponsabilidad atroz. El Estado no salvó a nadie. Lo único que hizo fue transferir costos de un lado para el otro, con criterios errantes y sin plan alguno. Entramos mal a una cuarentena de la que no tenemos idea cómo salir. Quisimos, con más voluntarismo que inteligencia, ocuparnos de lo sanitario escondiendo lo económico y sufriremos la aceleración de las dos curvas: contagios y pobreza.

¿Por qué incierta?

Incluso una norma mala pero cierta y estable genera un acomodamiento de las expectativas de la gente. Cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona el sector privado sabe que, sin importar si se trata de una gran empresa o un pequeño comercio, es vital el proyectarse, el prever. Y es que en el ámbito del mundo real los recursos son escasos y deben administrarse bien para sobrevivir. Argentina ya era el país de la incertidumbre antes de la pandemia. Los empresarios de países serios se levantan y ven los gráficos de sus empresas. Acá prenden la televisión para ver las noticias sobre qué nuevas reglas de juego surgieron en la semana.

En 2020, además de la incertidumbre económica y legal, se le agregó una terrible incertidumbre laboral y comercial gigante. ¿Aguanto un mes más el alquiler del local o no? ¿Compro mercadería o no? ¿Mis clientes tendrán trabajo o no? ¿Podrán abastecerme mis proveedores o no? ¿La cuarentena durará 10 o 100 días? Imposible responder a estas preguntas. No hay certeza alguna. El Gobierno no ha generado ni aportado ninguna certidumbre. Las persianas se van cerrando ante la desesperanza y el cansancio de empresarios y comerciantes que empujaron todo lo que pudieron, pero se cansaron de desengañarse.

Es responsabilidad del Gobierno, incluso si cree que esta pandemia es tan grave, adelantar las medidas a las personas para que éstas puedan tomar decisiones informadas que las ayuden a cuidar sus recursos, siempre escasos. El fracaso en este sentido fue mayúsculo.

Concluyendo, al Gobierno no parece importarle los costos, la legalidad o lo mucho que complica las decisiones de los argentinos. La cuarentena es ilegal, irresponsable e incierta.

 

 

El autor es abogado, Magíster en Derecho y Economía, Director de Fundación Libertad y Secretario de la Red Federal de Políticas Públicas.

Fuente: Infobae